Por Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva Oceana Chile

Muchas han sido las críticas que ha recibido el Comité de Ministros por el rechazo al proyecto Dominga. Tanto Andes Iron, como gremios empresariales y algunas autoridades han cuestionado la decisión, pero sin considerar los antecedentes que llevaron a este rechazo, a nuestro juicio, de manera justificada.

La evaluación ambiental tiene una serie de pasos establecidos por ley. En términos simples, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es la entidad encargada de gestionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual, además del titular de un proyecto, participan organismos públicos y la sociedad civil, quienes pueden entregar sus observaciones. Luego de todo ese proceso, el SEA emite un Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el cual es una recopilación que contiene los antecedentes del proyecto, una síntesis de los impactos ambientales y las medidas de mitigación, reparación y compensación, además de las observaciones de los servicios públicos y de la ciudadanía. En ese documento, el SEA recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental, aprobar o rechazar, entidad que tiene la facultad de aceptar o no la recomendación.

En el caso de Dominga, el SEA de Coquimbo recomendó aprobar, pero sin embargo este informe no reflejó las observaciones realizadas por una serie de organismos que reiteradamente expusieron que la empresa no aseguraba la mitigación de impactos, además de carecer de información básica en su línea de base. Estas omisiones fueron claves para que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazara el proyecto Dominga en marzo de 2017.

Sin embargo, todo debió finalizar antes. El SEA regional, teniendo todas las facultades, pudo haber puesto término anticipado al proyecto en 2013. Andes Iron, desde un inicio, no evaluó los impactos que la construcción y posterior funcionamiento de la mina y el puerto tendrían sobre el medio ambiente marino. Cuando un proyecto no proporciona una línea base, es decir, un estudio que detalle el estado inicial del área donde pretende instalarse, una descripción de la flora y fauna, los potenciales impactos, la autoridad puede dar por terminado el proceso por falta de información. No obstante, el SEA permitió que la minera subsanara su estudio de impacto ambiental de manera parcelada, lo cual fue advertido en reiteradas oportunidades por los organismos con competencia ambiental, Oceana y otras organizaciones.  

El rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo no hizo más que corregir un mal trabajo del SEA regional. Tras la resolución, el titular apeló a la decisión, la cual fue analizada por el Comité de Ministros que solicitó informes a 14 servicios del Estado, los cuales fueron progresivamente haciéndose públicos hasta el viernes anterior a la votación. De ellos, nueve daban cuenta de reparos al proyecto, muchos de los cuales el SEA no había incluido en el ICE. Con esos antecedentes, el Comité de Ministros confirmó el rechazo decretado en marzo.

En conclusión, sobraron argumentos técnicos para rechazar Dominga. Sin embargo, la evaluación de proyectos no se limita únicamente a la revisión de estos aspectos, sino que además abarca una ponderación valórica, y que responde al mandato constitucional que tiene el Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

 

 

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