OCEANA CELEBRA JUICIO SUMARIO CONTRA CELCO POR DESASTRE EN RÍO MATAQUITO
marzo 6, 2011
La demanda por 2 mil millones de pesos presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la empresa Celco, en la Corte de Apelaciones de Talca, fue definida por Oceana como un paso importante para que la empresa de celulosa asuma su responsabilidad y repare el daño ambiental provocado en el Río Mataquito, en la comuna de Licantén.
Para Antonia Fortt, ingeniera ambiental y jefa de la campaña de Contaminación Marina de Oceana, esta acción legal debe ser seguida muy de cerca no sólo por la comunidad directamente afectada por la contaminación del río Mataquito, sino también por las otras muchas comunidades que actualmente siguen teniendo conflictos con las plantas de celulosa, como Valdivia, Mehuín, Arauco, Nueva Aldea y Constitución.
El abogado ambiental Vladimir Riesco, que le presentó juicio a Celco tras el desastre del Río Cruces en Valdivia, también manifestó su conformidad con la decisión del Consejo de Defensa del Estado, “porque éste es un daño ambiental al patrimonio público, que compete a todos los chilenos. La demanda significa que el Estado reconoce que la empresa es la causante del desastre”. Riesco explicó además que esta demanda debe ser complementada con los afectados directos en la comuna de Licantén, ya que al daño público también debe agregarse el perjuicio que como particulares les provocó la empresa, “para eso, la comunidad aledaña a la planta de Licancel tiene que hacerse parte como terceros en la querella del CDE” indicó.
Para Oceana, la nueva demanda se suma en una serie de gestos por parte del Gobierno en los que ya no se mantiene una postura neutral frente a los conflictos ambientales provocados por la papelera. En ese sentido, Antonia Fortt recordó que sólo la semana pasada la propia ministra de medioambiente, Ana Lya Uriarte, reconoció que para el Estado, Celco era culpable del desastre del Río Cruces, ocurrido a fines del 2005 en Valdivia, y que la política de la empresa de negar y tergiversar la información recolectada no era más que una estrategia.
Finalmente, la ingeniera ambiental reiteró que este tipo de medidas judiciales podrían evitarse si se contara con una normativa ambiental sólida y eficiente, que previniera los desastres ambientales a través de una evaluación acorde a los estándares ambientales internacionales, y una adecuada fiscalización.
