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Se suman irregularidades en evaluación ambiental de Dominga: Funcionarios del SEA de Coquimbo revelan intervención desde Santiago para recomendar aprobación

abril 17, 2018

  • Según consta en sumario interno obtenido por Oceana a través de Ley de Transparencia, evaluadores acusan al nivel central de haber intervenido en la evaluación del proyecto minero portuario.

Santiago, 17 de abril, 2018. “Nos quitaron la evaluación del proyecto, no nos dieron razones de por qué no podíamos hacer observación”, declaró la ingeniera civil química del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, Juvinka Mansilla, en el sumario administrativo que investigó las irregularidades denunciadas por los funcionarios del Servicio en la tramitación del proyecto de Andes Iron y que fueron publicadas por Ahora Noticias en el reportaje “El Sumario Secreto de Dominga”.

En concreto, los trabajadores alegan que el nivel central elaboró excepcionalmente un cuarto Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Enmiendas (ICSARA) no acordado con el SEA de Coquimbo.

En palabras simples, el ICSARA es un documento que reúne las observaciones realizadas por los organismos públicos a un proyecto, las cuales deben ser respondidas por la empresa. Sin embargo, los funcionarios estimaron que un cuarto ICSARA fue una nueva instancia para que el titular, Andes Iron, continuara arreglando las deficiencias del proyecto. “Yo creo que el motivo era darle una oportunidad al titular de contestar lo que no se contestó durante la evaluación, y aun así quedaron cosas en el aire”, señaló Mansilla.

A la excepcionalidad de un cuarto ICSARA, se sumó la instrucción desde Santiago de no editar de ninguna forma el documento, como así lo declaró la abogada del SEA de Coquimbo, Karina Fuentes. “Hay decisiones que se tomaron desde el nivel central, lo cual sería irregular. En particular (el) ICSARA 4, donde se dispuso que no se podía editar en forma alguna. Ni siquiera se preguntó (la) opinión”, lo cual es complementado por el Director Regional (S), Óscar Robledo: “Respecto del ICSARA 4 me dijeron que había que publicar, que no había tiempo para conversar con (el) equipo. No supe quién lo elaboró”, sentenció.

Además, los funcionarios denuncian que en aquel documento elaborado en Santiago, las observaciones de Conaf, uno de los organismos más críticos del proyecto, fueron excluidas sin mayor explicación y sin consultarlo con el SEA de Coquimbo, lo cual fue alertado por Oceana en febrero de 2017.

Las irregularidades siguieron en la fase final del proceso, específicamente en la elaboración del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento que recopila los antecedentes del proyecto junto con una síntesis de los impactos y medidas de mitigación, reparación y compensación, el cual debe recomendar aprobación o rechazo. En el caso de Dominga, el ICE recomendó aprobar sin que existieran informes suficientes para ello, según lo declararon los funcionarios del SEA de Coquimbo: “No hay informes de nadie que justifiquen recomendación. Si hay algún fundamento, no es nuestro”, acusa Mansilla, y agrega que “Yo elaboré el ICE. Hay una parte final que dejé en blanco, relativa a las conclusiones y acerca de si las medidas son adecuadas o no. Eso se habría hecho en Santiago, junto con (el) capítulo temas CONAF. No sé quién elaboró esas partes”.

Para la Directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, las declaraciones de los evaluadores son concluyentes. “Con estos antecedentes, quedan aún más en evidencia las irregularidades e inconsistencias de Dominga y la única instancia en la que Andes Iron recibió aprobación se encuentra totalmente viciada, lo cual justifica el doble rechazo que la Comisión de Evaluación Regional y el Comité de Ministros le dieron al proyecto”, finalizó van der Meer.

Actualmente el proyecto Dominga se encuentra a la espera de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde el titular Andes Iron interpuso una reclamación alegando que el rechazo fue ilegal y basado en razones políticas, dado que el ICE recomendaba su aprobación. Esta justificación, sin embargo, queda ahora en entredicho al conocerse las declaraciones de los funcionarios del SEA de Coquimbo.

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