#Constitución & #Océanos: TRANSPARENCIA

Por Javiera Calisto, Directora de campañas de contaminación marina de Oceana Chile

 

El derecho de acceso a información pública es un elemento fundamental de una democracia sana. Permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones, fiscalizar a los organismos públicos y la labor de las autoridades, además de fortalecer la participación de la ciudadanía. Por este motivo, son varios los países que han incorporado este derecho en sus legislaciones, buscando cumplir con tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, u otros relacionados con prevenir la corrupción.   

Si bien Chile ya ha recorrido un camino hacia la consagración del derecho a acceso a información pública, éste se hizo más explícito en 2009 con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, la cual permite a cualquier persona acceder a la información pública, que incluye por regla general, aquella que se encuentra en poder de organismos del Estado. Adicionalmente, Chile asumió el compromiso de fortalecer la transparencia y la generación de información ambiental para ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Sin embargo, aún existen brechas y lo explicaremos con un ejemplo.  

Desde 2014 Oceana ha solicitado vía Ley de Transparencia la información específica por empresa salmonera sobre uso de antibióticos y producción, la cual se encuentra en manos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Sabemos que históricamente la salmonicultura chilena ha utilizado estos medicamentos en exceso, lo cual, de acuerdo a la ciencia, podría tener consecuencias para la salud de las personas y para el medio ambiente.   

Si conociéramos estos datos, tanto Oceana como cualquier persona interesada podría, por ejemplo, saber qué empresas son las que más antibióticos utilizan y las que menos los emplean, así como el tipo de antibiótico; también permitiría un consumo responsable entre quienes prefieren optar por empresas que producen alimentos con un menor impacto ambiental, lo cual favorece la competencia entre las empresas, llevándolas a producir un mejor producto.

A pesar de la existencia de la Ley de Transparencia, la Constitución ha implicado una barrera para el acceso a la información. Esto ocurre, porque las empresas han acudido al Tribunal Constitucional, alegando que la actual carta magna no garantiza el acceso a la información de forma amplia, y que su entrega afecta sus derechos económicos o comerciales. Lamentablemente, el Tribunal ha privilegiado en todas las oportunidades el secreto comercial, relegando a un segundo plano nuestras solicitudes de mayor transparencia.   

Han sido las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, las que han reconocido el valor público de la transparencia y han ordenado la entrega de la información. Sin embargo, los largos procesos judiciales que han durado hasta cuatro años hacen que el análisis pierda relevancia, ya que los salmones, a estas alturas, ya ha pasado por el plato del consumidor. 

Y tú, ¿qué dirás el 25 de octubre?  

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